Los docentes y nodocentes universitarios confirmaron que realizarán una nueva Marcha Federal Universitaria tras las truncadas negociaciones entre los gremios y el Ministerio de Capital Humano. Desde la Universidad de Buenos Aires (UBA) pidieron que se convalide el 32,5% que estipula la Ley de Financiamiento y fue rechazado por el Gobierno.
En un comunicado, la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA) anunciaron que realizarán un paro de 23 días de forma escalonada y anticiparon que el próximo 15 de octubre se movilizarán al Palacio de Tribunales para llevar a cabo la quinta edición de la movilización.
Según señalaron, la medida de fuerza se lleva a cabo tras el “incumplimiento sistemático de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno” y adelantaron que durante el paro escalonado “se realizará de forma rotativa y con actividades de visibilización en cada repartición y unidad académica entre el lunes 21 del corriente y el jueves 22 de octubre”.
“No podemos normalizar que un gobierno decida caprichosamente que ley cumple y cuál no. En democracia la ley se cumple. La Corte Suprema se manifestó en el mismo sentido que el Congreso de la Nación, y no tiene sanción incumplir una orden judicial. Hablamos de dos poderes de la República que este gobierno no respeta”, señaló el secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci.
El conflicto tiene como telón de fondo el fracaso de la ronda paritaria celebrada este jueves en el Palacio Pizzurno, convocada por la Secretaría de Educación. La cartera ofreció un incremento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre, una propuesta que todos los sindicatos rechazaron de forma unánime. Los representantes gremiales reclamaron, además de esos porcentajes, una recomposición del 32,5% que los salarios perdieron durante los primeros años de la administración de Javier Milei, tal como establece la Ley de Financiamiento Universitario. La oferta del Ministerio de Capital Humano fue idéntica a la presentada a comienzos de mes y el resultado no fue distinto.
“Seguimos insistiendo en que el Gobierno tiene que cumplir en democracia con la Ley de Financiamiento Universitario. Ya hay dos poderes de la Nación, el Legislativo y el Judicial, que dicen que tiene que cumplir. Nunca se ha visto que el Ejecutivo se niegue a aplicar algo que ya fue convalidado por los otros dos poderes”, declaró a Infobae el secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), Daniel Ricci.
Los universitarios se apoyan en el fallo del juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick, quien ordenó en diciembre pasado que el Ejecutivo cumpla los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que regulan las actualizaciones salariales y presupuestarias. El 1 de septiembre, Cormick rechazó el pedido oficial para dejar sin efecto esa cautelar, y la Corte Suprema terminó confirmando su vigencia el 25 de junio.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sostiene que el Ejecutivo no cumplió plenamente ninguno de los dos artículos, pese a la medida judicial vigente, y avanza en una demanda contra el decreto con el que Milei promulgó la norma, pero suspendió su ejecución al argumentar que no existían recursos asignados ni fuente de financiamiento definida. Las universidades solicitaron además que se apliquen multas a funcionarios y que se evalúe una causa penal por presunta desobediencia.
Cagnacci fue más allá en su caracterización del conflicto: “Están desfinanciando la educación pública y ahogando a trabajadoras y trabajadores universitarios. Esto nos va a convertir en un país con menos profesionales, menos oportunidades de ascenso social y al mismo tiempo se construye un futuro incierto. La sociedad no votó para dañar a la Universidad”.
El paro rotativo comenzará el lunes 21 de septiembre con una jornada en el Rectorado y se extenderá de forma escalonada durante cinco semanas, con una repartición o unidad académica diferente por día. La primera semana, del 21 al 25 de septiembre, abarcará el Rectorado (lunes 21), la Facultad de Medicina (martes 22), la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU, miércoles 23), la Facultad de Farmacia y Bioquímica (jueves 24) y la Facultad de Ingeniería (viernes 25).
La segunda semana, del 28 de septiembre al 2 de octubre, le tocará el turno a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (lunes 28), el Centro Cultural Rojas (martes 29), la Facultad de Ciencias Económicas (miércoles 30), la Facultad de Derecho (jueves 1) y la Facultad de Odontología (viernes 2). En la tercera semana, del 5 al 9 de octubre, cesarán actividades el Colegio Nacional de Buenos Aires (lunes 5), el DOSUBA (martes 6), la Facultad de Psicología (miércoles 7), la Facultad de Ciencias Sociales (jueves 8) y la Escuela Carlos Pellegrini (viernes 9).
La cuarta semana, del 12 al 16 de octubre, contempla la Coordinación de Deportes (martes 13), la Facultad de Filosofía y Letras (jueves 15) y la Facultad de Ciencias Veterinarias (viernes 16). El ciclo de medidas concluirá en la quinta semana, del 19 al 23 de octubre, con el CBC y la Facultad de Agronomía (lunes 19), el Instituto Lanari-Vaccarezza (martes 20), el Instituto Roffo (miércoles 21) y el Hospital de Clínicas (jueves 22).
La marcha del 15 de octubre frente al Palacio de Tribunales será la quinta movilización federal en defensa de la universidad pública desde el inicio de la gestión de Milei y la segunda en lo que va del año. En paralelo, desde el CIN comienza a evaluarse la posibilidad de advertir que el inicio del ciclo lectivo 2027 podría estar en riesgo, un argumento que algunos gobernadores podrían trasladar al Gobierno dada la presencia territorial de las más de 50 universidades de gestión nacional en todo el país.
