Fernanda Miño cuestionó al Gobierno por haber interrumpido las políticas de integración de los barrios populares y defendió un proyecto que busca extender por diez años la emergencia sociourbana. La iniciativa cuenta con el respaldo de más de 140 legisladores y plantea recuperar el financiamiento para obras de infraestructura.
En diálogo con Infobae al Regreso, la diputada nacional de Unión por la Patria sostuvo que el problema alcanza a miles de familias que todavía viven sin servicios básicos y aseguró que existen recursos que podrían destinarse a retomar los trabajos.
“Este proyecto nace de la Mesa Nacional de Barrios, pero hablar solamente de este proyecto sin tener en cuenta la historia que venimos trabajando desde el 2016, quienes vivimos en barrios populares”, señaló Miño, quien nació y vive en la villa La Cava, en San Isidro.
La exsecretaria de Integración Socio Urbana recordó que las políticas destinadas a los barrios populares comenzaron a tomar una forma institucional con la creación del Registro Nacional de Barrios Populares y la sanción de la Ley 27.453. Según explicó, el proceso involucró a organizaciones sociales, Techo y Cáritas y terminó reuniendo el apoyo de distintos sectores políticos.
“Convencimos a todos los diputados y senadores de que era una política que teníamos que desarrollar como política pública”, afirmó.
Uno de los instrumentos que destacó fueron los certificados de vivienda, que permiten acreditar la residencia de las familias que viven en los barrios registrados. “Obtuvimos certificados de vivienda, que son como un título posesorio”, explicó.
Para Miño, la discusión actual no debería centrarse únicamente en la construcción de viviendas. El objetivo, planteó, es intervenir sobre los barrios existentes para garantizar infraestructura y servicios.
“Hay familias que por ahí quieren una vivienda, es decir, hay familias que hay que integrarlas ya”, sostuvo.
El déficit de infraestructura en los barrios populares
Miño aseguró que existen más de 6.400 barrios populares en el país y describió las principales carencias que todavía persisten en buena parte de ellos.
“Están con necesidades básicas de los servicios: agua potable, energía, accesos, falta de luminarias, espacios de encontrarse, salones de usos múltiples”, enumeró.
También mencionó problemas derivados de la falta de infraestructura adecuada, como inundaciones y accidentes vinculados con las instalaciones eléctricas: “Barrios que se inundan, barrios que se incendian por malas conexiones eléctricas”.
La diputada sostuvo que durante su gestión se buscó modificar el enfoque de las políticas habitacionales y priorizar la urbanización de los barrios ya existentes. “Cambiamos ese paradigma llevando los servicios básicos a los barrios populares de la Argentina”, señaló.
En ese contexto, mencionó el programa Mi Pieza, que otorgaba asistencia económica para ampliar o mejorar viviendas de mujeres que viven en barrios populares. Según Miño, la iniciativa alcanzó a unas 250.000 familias.
El reclamo por los fondos
Uno de los principales argumentos de Miño para impulsar la extensión de la emergencia es que, según afirmó, todavía existen recursos que habían sido destinados a financiar obras de integración urbana.
“Tiene dinero, tiene más de 260 mil millones de pesos”, aseguró al referirse al fideicomiso utilizado para financiar las obras.
La diputada explicó que esos recursos habían sido alimentados, entre otras fuentes, por el Impuesto PAIS y el aporte solidario extraordinario a las grandes fortunas.
“Ese dinero era del Impuesto PAIS, que ellos lo sacan, y es del aporte solidario extraordinario de las grandes fortunas”, sostuvo.
Para Miño, la disponibilidad de esos fondos permite retomar una política que, según su planteo, quedó interrumpida con el cambio de administración.
Cómo se asignaban y controlaban las obras
Durante la entrevista, Gustavo Lazzari planteó además quién debía administrar los recursos y cómo se garantizaba que llegaran efectivamente a los barrios.
Miño rechazó que durante su gestión los fondos fueran asignados directamente a organizaciones sociales o a determinados sectores políticos.
“No se direccionaba a una organización social, ni a un solo partido político, ni a un gobernador, ni a una intendencia”, afirmó.
Según explicó, los proyectos debían llegar a la Secretaría de Integración Socio Urbana para ser evaluados antes de recibir financiamiento. Además, aseguró que existían equipos técnicos encargados de supervisar las obras y que también participaron universidades.
“Personalmente teníamos un equipo que lo hacía desde el ministerio, desde la secretaría y universidades trabajando en pos de que esas obras se hagan en los barrios populares”, señaló.
Como ejemplo de la articulación con gobiernos de otros espacios políticos, mencionó a Jujuy durante la administración de Gerardo Morales. “Con el gobierno mismo de Morales celebramos proyectos que llegaron a barrios populares”, recordó.
La transición con el gobierno de Milei
Miño también habló sobre el traspaso de la Secretaría de Integración Socio Urbana al gobierno de Javier Milei y aseguró que intentó mantener una transición ordenada con Sebastián Pareja.
Según su relato, puso a disposición de las nuevas autoridades información sobre los programas, los proyectos y los recursos disponibles. Sin embargo, después del cambio de gobierno quedó involucrada en investigaciones vinculadas con su gestión. “Hubo una persecución, de hecho, allanaron mi casa”, sostuvo.
La diputada también mencionó una auditoría realizada durante la gestión de Pareja y aseguró que el actual legislador de La Libertad Avanza había reconocido resultados positivos de la política de integración urbana.
El proyecto que impulsa la Mesa Nacional de Barrios Populares busca ahora extender por diez años la emergencia sociourbana y garantizar recursos para continuar con las obras. Para Miño, el desafío pasa por recuperar una política que permita llevar infraestructura y servicios a los barrios que todavía permanecen al margen de la ciudad formal.
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