En medio de versiones de todo tipo, el director de Asociaciones Sindicales de la Secretaría de Trabajo, Claudio Aquino, dejó su cargo y todavía no se sabe quién lo reemplazará al frente de una dependencia oficial estratégica para el sindicalismo y el empresariado.
Se trata de la dirección nacional que debe resolver los conflictos de encuadramiento, las inspecciones a sindicatos y el otorgamiento (o no) de personerías o la simple inscripción a organizaciones gremiales nuevas.
Fuentes del Ministerio de Capital Humano aseguraron que el alejamiento de Aquino “no se trató de una renuncia” porque “tenía una designación transitoria” y destacó: “Desde el Ministerio se están analizando las eficiencias de todos los cargos, en el marco de una transformación estructural y de gestión de expedientes”.
Agregó, además, que a Aquino no lo va a reemplazar Darío Silvestro, subdirector de Asociaciones Sindicales.
En la CGT deslizaron que al funcionario saliente lo acusaban de “falta de transparencia en su gestión”, aunque la Dirección de Asociaciones Sindicales fue intervenida en abril de 2024 por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, como parte de una decisión del Gobierno de investigar distintas áreas del Estado que están bajo la lupa por presuntas irregularidades.
La Dirección de Asociaciones Sindicales siempre fue el eje de sospechas y versiones sobre expedientes que impactan en la situación jurídica, institucional y económica de los gremios. Y la intervención de Capital Humano implicó que un equipo especializado de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa de la cartera fue “revisando carpeta por carpeta» de esa repartición para analizarla, evaluar dictámenes opinables y “darle transparencia” a un lugar rodeado de suspicacias.
En ese momento, en Trabajo aclararon que la intervención se hizo de manera “preventiva en un área donde estaba todo medio sospechado, manejado a dedo, con dictámenes opinables”, pero que el origen no fue una denuncia concreta ni la comprobación de alguna irregularidad.
Incluso destacaron que Aquino, un abogado que asesoraba a empresas y fue nombrado por este gobierno en enero de 2024, iba a seguir en su cargo y colaborar con la intervención: “Está haciendo una tarea intachable”. Y advirtieron que se apuntaba a una “reconversión” del sector, con “cambios en la metodología de trabajo, para darle transparencia a un área caracterizada por la oscuridad”.
En febrero pasado, el titular de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), José Voytenco, denunció a Cordero, Aquino y al diputado nacional Pablo Ansaloni (La Libertad Avanza), ex dirigente del gremio, entre otros, como responsables de “llevar adelante un plan delictivo coordinado con el fin de apropiarse de la conducción de la organización sindical”.
“Señalamos que el director de Asociaciones Sindicales, Claudio Aquino, ha ejercido una facultad que legalmente no le corresponde, incurriendo en un claro exceso motivado por intereses políticos con el fin de vulnerar la autonomía sindical de UATRE”, afirmó Voytenco.
El líder de UATRE, apuntado por el Gobierno como un ultraopositor vinculado con el kirchnerismo, quedó en una situación difícil luego de que la Secretaría de Trabajo, a través de un dictamen de Aquino, suspendió el congreso del gremio que lo reeligió porque “no pudo acreditarse la legalidad y la legitimidad de los congresales”, en sintonía con una denuncia de sus opositores internos.
Luego de esa resolución, Cordero pidió a la Justicia la intervención de UATRE, decisión rechazada por la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
