El diputado nacional Máximo Kirchner, de Unión por la Patria, presentó un proyecto de Declaración para que el Congreso exprese su beneplácito por el reciente fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York que revocó la sentencia de primera instancia en el caso YPF. Según el comunicado de prensa, el texto enfatiza que el resultado constituye “el triunfo de la razón jurídica sobre la especulación financiera de Burford Capital” y valida internacionalmente la soberanía argentina sobre la principal empresa petrolera del país.
El proyecto, fechado el 27 de marzo de 2026, señala que la revocatoria judicial frenó una “extorsión financiera” que, en palabras de Kirchner, “pretendía hipotecar el futuro de las próximas generaciones de argentinos/as por un monto superior a los 16.100 millones de dólares”. El legislador destaca la continuidad de la estrategia legal del Estado nacional frente a litigios con fondos especulativos y recuerda el acto de expropiación de YPF realizado en 2012 bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, según se expresa tanto en el comunicado como en los fundamentos del proyecto.
La iniciativa parlamentaria reconoce la expropiación de YPF como “la recuperación de la soberanía hidrocarburífera” y denuncia la diferencia de criterios entre administraciones pasadas. En los fundamentos del proyecto se afirma: “Mientras que en 2026 celebramos un fallo favorable por resistir y agotar las instancias judiciales, en 2016 la administración de Mauricio Macri optó por un acuerdo apresurado”, en referencia al pago de USD 9.300 millones a fondos buitres, que Kirchner interpretó como una decisión política orientada al acceso al mercado financiero, en detrimento de la defensa de la inmunidad soberana.
Entre los puntos destacados, el proyecto solicita expresar beneplácito por el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York a favor de la Argentina en el caso YPF. Según el texto ingresado al Congreso, la revocatoria judicial resguardó al país de un perjuicio estimado en más de 16.100 millones de dólares y, siempre según el proyecto, obliga a revisar críticamente la política de endeudamiento adoptada en 2016.
En la presentación, el bloque de Unión por la Patria atribuye el origen de la reciente victoria legal a “la valiente y necesaria decisión tomada en el año 2012 por la entonces Presidenta Cristina Fernández de Kirchner”.
“La recuperación del 51% de las acciones de YPF no fue un capricho ideológico, sino un acto de supervivencia energética. Como bien señala el análisis del caso, para el año 2011 la gestión de Repsol había llevado al país a una crisis de reservas y a la pérdida del autoabastecimiento”.
El texto destaca que la Ley 26.741 declaró de interés público el abastecimiento hidrocarburífero y que priorizar el derecho administrativo nacional sobre los estatutos societarios privados permitió el desarrollo estratégico de Vaca Muerta. En los fundamentos se sostiene: “Sin esa expropiación, la Argentina no sería una potencia energética emergente que es hoy, sino un rehén de dividendos girados al exterior”.
La redacción del proyecto subraya la continuidad conceptual de la defensa estatal a través de distintas administraciones: “Las distintas gestiones de la administración nacional continuaron la línea argumental definida desde el comienzo, en cuanto a que las disposiciones de un estatuto societario no pueden prevalecer sobre la Constitución Nacional y el ordenamiento jurídico de un país”.
En uno de los pasajes más directos del proyecto, Kirchner dirige una crítica a la actual conducción del país: “Es una ironía del destino que quienes hoy conducen el país, habiendo denostado sistemáticamente la recuperación de nuestra petrolera de bandera, hoy celebran un triunfo que solo fue posible porque no se rompió la estrategia de defensa nacional que se venía sosteniendo”.
El dictamen de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, al que alude el proyecto, “reconoce que los actos soberanos de un Estado, realizados mediante leyes del Congreso Nacional de acuerdo a la Constitución Nacional y el ordenamiento jurídico argentino, no pueden ser considerados por tribunales extranjeros por debajo de los estatutos de sociedades comerciales ni de los contratos comerciales privados”.
Crítica a la gestión Macri en el pago a los fondos buitres
En el tramo final del proyecto de declaración, Kirchner exige una revisión política de los actos vinculados a los fondos buitres durante el gobierno de Mauricio Macri, y realiza una comparación con el caso YPF: “Si en 2016 se hubiera mantenido la resistencia jurídica y política que se sostuvo en el caso YPF, la Argentina podría haber evitado el ciclo de endeudamiento posterior. Pagar en 2016 fue una decisión ideológica y de ‘mercado’; resistir en el caso YPF fue una decisión de ‘Estado’”, según fundamenta el texto presentado.
Adicionalmente, la propuesta califica la sentencia de 2023 de la jueza Loretta Preska como “motivada políticamente” y describe las órdenes de la corte como intentos de “asfixia financiera” contra la autonomía argentina, según consta en los fundamentos legislativos. El proyecto reivindica la defensa judicial como política de Estado más allá de los cambios de administración y afirma: “Este fallo, que revoca la sentencia de primera instancia, pone freno a una extorsión financiera que pretendía hipotecar el futuro de las próximas generaciones de argentinos/as por un monto superior a los 16.100 millones de dólares”.
De acuerdo al proyecto, la decisión judicial “es el triunfo de la razón jurídica sobre la especulación financiera de Burford Capital. Al expresar nuestro beneplácito, no solo festejamos un ahorro de miles de millones de dólares, sino que reivindicamos el derecho de la República Argentina a decidir sobre sus recursos naturales y su marco normativo interno sin tutelajes coloniales de tribunales extranjeros”.
Firman el proyecto de declaración, junto a Kirchner, los diputados Lucía Cámpora, Carlos Castagneto, Gabriela Estévez, Teresa García, Mario Manrique, Sergio Palazzo, Paula Penacca, Lorena Pokoik, Vanesa Siley y Julia Strada.
