La inteligencia artificial ya está transformando la manera en que los Estados toman decisiones en áreas sensibles como salud, justicia, seguridad y política económica. Frente a este escenario, varios países europeos comenzaron a rediseñar sus marcos regulatorios y a formar especialistas capaces de integrar tecnología, ética y responsabilidad institucional.
En ese contexto, el reconocido rabino y bioeticista argentino Fishel Szlajen fue convocado como Visiting Fellow del Mathias Corvinus Collegium (MCC) de Budapest, uno de los centros de pensamiento más influyentes de Europa Central en materia de gobernanza, educación y estabilidad normativa. Se trata de la primera vez que un bioeticista argentino es convocado por esta institución.
En los últimos años, el MCC se consolidó como un espacio estratégico para analizar los desafíos que enfrentan las democracias contemporáneas ante la aceleración tecnológica y las tensiones culturales que atraviesan al Estado constitucional.
La presencia de Szlajen responde a una demanda creciente en el ámbito público: incorporar pensamiento ético estructural en la formación de quienes deben tomar decisiones en contextos de alta complejidad institucional.
Especializado en bioética, ética en políticas públicas y gobernanza tecnológica, Szlajen trabaja en el desarrollo de marcos conceptuales que permitan integrar los avances de la inteligencia artificial y la biotecnología sin debilitar los principios del Estado de Derecho.
Durante su estancia en Budapest mantuvo reuniones con diversos actores del ecosistema institucional europeo vinculados a seguridad, derecho, educación y política tecnológica. Entre ellos se destacan Péter Sztáray, ministro de Estado para Política de Seguridad; Vajk Farkas, director del Centro de Derechos Fundamentales; Shlomo Köves, rabino principal de Budapest y de las Fuerzas de Defensa de Hungría; Rodrigo Ballester, comisionado del Ministerio de Innovación y Cultura; y el politólogo Leonardo Orlando, especialista en fundamentos del comportamiento político.
La agenda abordó algunos de los debates más sensibles de la arquitectura política europea. Entre ellos, el crecimiento del antisemitismo en el continente, las exitosas políticas implementadas por Hungría para su contención, la gobernanza ética de la inteligencia artificial en democracias constitucionales y el rol de la dignidad humana como fundamento del orden jurídico europeo en crisis.
En ese marco, Szlajen desarrolló capacitaciones sobre la relación entre religión, identidad cultural y Estado de Derecho, con estudios comparativos entre Europa occidental y América Latina.
Consultado en Budapest sobre la conexión entre estos temas, Szlajen señaló que “los desafíos culturales que atraviesan hoy a las democracias europeas y la aceleración tecnológica forman parte de una misma pregunta: ¿cómo preservar la legitimidad del Estado y la responsabilidad política en contextos de transformación social y tecnológica sin precedentes?”
Según el bioeticista argentino, el primer desafío no es tecnológico sino institucional: preservar los fundamentos antropológicos y jurídicos que sostienen el Estado de Derecho. “Cuando el orden jurídico relativiza la dignidad humana en sus etapas más vulnerables o redefine categorías antropológicas básicas sin fundamentos sólidos, no estamos ante un simple cambio legislativo. Estamos ante una transformación estructural del concepto de persona”, afirmó.
En ese sentido, los debates bioéticos contemporáneos como eutanasia, aborto, edición genética o redefiniciones jurídicas de la identidad personal, inciden directamente en la arquitectura normativa de las democracias constitucionales.
Dentro de ese marco teórico, Szlajen desarrolla el enfoque denominado Ética del Límite, orientado a gestionar conflictos estructurales en sociedades tecnológicamente avanzadas. “El límite no es una restricción arbitraria. Es la condición que hace posible la libertad responsable. Cuando todo se expande sin delimitación, la responsabilidad se diluye”, explicó.
Desde esta perspectiva, el desafío tecnológico se vuelve una extensión del mismo problema institucional. “La cuestión no es si el Estado utilizará IA. La cuestión es bajo qué límites la integra sin abdicar responsabilidades. La automatización no puede convertirse en delegación moral”, sostuvo.
La advertencia no es abstracta. Sistemas de IA ya participan en diagnósticos médicos, selección laboral, análisis crediticios, modelos predictivos judiciales y herramientas de diseño de políticas públicas.
Para Szlajen, el riesgo central aparece cuando la decisión pública pierde trazabilidad institucional. “Cuando no se puede reconstruir quién es responsable de una decisión pública, la legitimidad comienza a erosionarse”, detalló.
Por ello, las capacitaciones desarrolladas en Budapest se enfocan en principios estructurales para la gobernanza tecnológica, entre ellos la explicabilidad de los sistemas, la claridad en la cadena de responsabilidad y la delimitación de competencias indelegables.
Consultado sobre la proyección regional de estos debates, Szlajen advirtió que América Latina enfrenta el riesgo de adoptar regulaciones tecnológicas diseñadas en otros contextos institucionales sin adaptar adecuadamente sus fundamentos jurídicos. “Los sistemas políticos que no incorporen conocimiento especializado en ética aplicada quedarán expuestos a reformas improvisadas con alto costo institucional. Gobernar la complejidad exige método y claridad de principios”, afirmó.
En un escenario donde la inteligencia artificial, la biotecnología y los conflictos culturales redefinen el alcance del poder público, la discusión deja de ser académica y se vuelve estructural.
Para Szlajen, integrar conocimiento especializado en ética aplicada ya no es una opción académica sino una condición para preservar la responsabilidad institucional en democracias atravesadas por transformaciones tecnológicas sin precedentes. “Las democracias del siglo XXI no podrán gobernar la IA sólo con ingenieros o legisladores. Necesitan arquitecturas éticas que permitan integrar estas tecnologías preservando e incluso reforzando la responsabilidad pública, la transparencia institucional y la legitimidad en las decisiones de Estado”, concluyó.
