El conflicto entre el Gobierno de Javier Milei y la Universidad de Buenos Aires (UBA) escaló un nuevo capítulo este jueves después del fallo que habilitó a la Corte Suprema a tratar un recurso extraordinario que presentó el Ejecutivo tras el reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.
En esta oportunidad, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, se expresó sobre la medida que aprobó la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal y señaló: “Estamos frente a un hecho inédito en nuestra historia constitucional: la búsqueda desesperada de un Gobierno Nacional de emplear todos los medios a su alcance para no cumplir una ley”.
El reclamo de las autoridades universitarias tiene que ver con que el Poder Ejecutivo “está obligado a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario“, según aclaró Yacobitti. ”La decisión del Gobierno de suspender materialmente la aplicación de la ley incumple con los objetivos por ella impuestos y las competencias fijadas por la Constitución Nacional. Es claro: esta conducta vulnera la Constitución Nacional y los principios republicanos que constituyen la base de nuestro país“, agregó.
“La sentencia de la Sala III que concedió el recurso extraordinario de manera inédita y contraria a la doctrina de la Corte Suprema, no suspende la obligación del Gobierno de cumplir las leyes sancionadas por el Congreso. Las dos sentencias que otorgaron y confirmaron la medida cautelar solicitada por las universidades continúan vigentes. El Gobierno agotó las instancias ordinarias y acudió a la vía extraordinaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero ello no le quita la obligación de cumplir con la ley”, continuó el vicerrector.
Por último, remarcó: “No existe ninguna sentencia que le dé la razón al Poder Ejecutivo. La concesión del recurso extraordinario no lo exime del cumplimiento de la manda legal. Existiendo dos sentencias favorables en relación a la concesión de la cautelar solicitada por las universidades, las mismas se encuentran en condiciones de solicitar la ejecución de la sentencia”.
En ese marco, este jueves, los jueces José Luis López Castiñeira y Sergio Gustavo Fernández firmaron un fallo en el que se propició la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que evalúe el reclamo del gobierno contra la medida cautelar que ordena el cumplimiento inmediato de la norma votada por el Congreso.
Cuando el Máximo Tribunal reciba el expediente deberá definir si analiza el recurso o lo rechaza. Según fuentes de la Procuración del Tesoro, mientras se defina este trámite, la decisión de lo magistrados tiene carácter suspensivo, por lo que el Estado Nacional no está obligado a transferir los fondos que reclama el Consejo.
La Cámara entendió que, si bien en marzo de este año decidió confirmar la resolución de primera instancia que había admitido la medida cautelar solicitada por las universidades, “no reviste el carácter de sentencia definitiva”, por lo que corresponde pronunciarse en sentido favorable a la concesión del recurso extraordinario interpuesto por la parte demandada.
No obstante, consideró que no resulta procedente el planteo de arbitrariedad y de gravedad institucional a la que aludió el Ejecutivo, porque indicó que “los eventuales defectos del juicio que se invocan sólo traducen una mera discrepancia con las cuestiones resueltas, lo cual no autoriza a descalificar el pronunciamiento dictado”.
Todo se da en la previa de la nueva Marcha Federal Universitaria que está prevista para el próximo martes 12 de mayo. Las columnas de estudiantes, organizaciones y militantes se confluirán en la Plaza de Mayo, donde se espera el epicentro de la manifestación para las 17.
La convocatoria es impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), y prevé movilizaciones simultáneas en distintas ciudades.
La citación se realizó oficialmente a través de un video, en el cual las instituciones subrayaron: “Ya marchamos. Ya defendimos la educación pública, gratuita y de excelencia. Y lo logramos. Juntos. Sin embargo, decidieron no escucharnos. Nadie debería estar por encima de la ley. Vos ya decidiste. El pueblo argentino ya decidió. Eso es vivir en democracia”.
El reclamo principal es que el Poder Ejecutivo cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en el Congreso nacional en octubre de 2025 y luego ratificada por la Justicia. Uno de los ejes centrales es la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, cuya vigencia fue ratificada a fines de marzo por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
