Luego del atentado fallido en su contra, el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, aseguró que “detrás del autor intelectual del hecho hay trama que combina poder económico, conexiones criminales y posibles complicidades políticas”.
Roncaglia confirmó que Leonardo Airaldi, quien se encuentra preso por narcotráfico en la Unidad Penal 9 de Diamante “era el jefe de una organización narco que operaba en la región”. Según detalló, Airaldi manejaba rutas de tráfico desde Paraná hacia Victoria, Diamante y Las Cuevas, con ramificaciones en Santa Fe y Buenos Aires.
“Su nombre aparece vinculado a la incautación de 30 kilos de cocaína en territorio santafesino y a conexiones directas con la banda rosarina Los Monos y con el histórico narco bonaerense Miguel Ángel Villalba, conocido como “Mameluco” Villalba», precisó.
Además, admitió que la figura de Airaldi rompe con el estereotipo del narco marginal. Lo describió como “integrante de una familia tradicionalmente ganadera, propietaria de miles de hectáreas que tras la muerte de su padre habría iniciado una ‘mutación’ hacia el delito organizado”.
El Ministro de Seguridad dijo que esa herencia rural se transformó, presuntamente, en capital inicial para financiar operaciones de narcotráfico. “Era un sujeto de mucho dinero, con muchos contactos y redes”, sostuvo. “Esa fortuna millonaria y su entramado de relaciones le habrían permitido moverse durante años con aparente impunidad”, remarcó.
El dato más lo inquieta es la posible infiltración en estructuras estatales. Sin afirmarlo de manera categórica, Roncaglia deslizó que Airaldi “tenía amigos en todos los ámbitos” y que “muchos comían de su mano”, en alusión tanto a sectores políticos como a integrantes de fuerzas de seguridad de la gestión anterior al gobernador Rogelio Frigerio. “Se creía intocable porque tenía amigos en la política y la policía”, agregó.
La sospecha es que esa red de protección le garantizaba información anticipada sobre movimientos judiciales y allanamientos. De hecho, el ministro reveló que antes de su detención el empresario narco se desplazaba “sin ningún inconveniente”.
La investigación que terminó con Airaldi preso comenzó a impulsarse con fuerza en 2024, cuando la nueva gestión provincial decidió avanzar sobre causas que, según Roncaglia, estaban en trámite pero requerían decisión política.
El ministro contó que se reunió personalmente con el juez federal Leandro Ríos y el fiscal Ignacio Candioti para dar impulso a la pesquisa. La detención del presunto jefe narco habría desatado la “bronca” que hoy se traduce en ese intento de matarlos a los tres.
El plan para asesinar al ministro, al juez y al fiscal surgió a partir de la declaración de otros internos en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú. Lo que encendió las alarmas fue el nivel de detalle: los denunciantes describieron rutinas personales, como el único día del año en que Roncaglia salió en moto sin custodia para asistir a un asado. Cuatro días después, esa información ya circulaba dentro del penal. “Algo raro está pasando acá”, admitió el funcionario, convencido de que existió una tarea de inteligencia previa.
La hipótesis oficial es que, aun detenido, Airaldi mantenía capacidad de mando. Roncaglia recordó que en el mundo narco no es extraño que líderes presos sigan impartiendo órdenes a través de visitas o intermediarios. Por eso, el gobierno provincial impulsa su traslado a una cárcel federal de máxima seguridad, una decisión que depende de la Justicia Federal y que se da en vísperas del juicio oral.
El ministro también puso el foco en la protección institucional. Más que su propia seguridad —asegura andar siempre armado y con custodia— le preocupa que jueces y fiscales trabajen sin presiones. En este caso intervienen magistrados federales de Buenos Aires, lo que, a su entender, otorga mayor entidad al expediente. La prioridad fue reforzar la custodia de los funcionarios judiciales y brindar protección especial a los internos que denunciaron el complot, pese a que se trata de condenados por delitos graves.
Roncaglia no es ajeno a la violencia. En 2013 fue baleado en un episodio nunca del todo esclarecido, que él vincula a una posible entrega previa para simular una entradera. “Tengo el cuero duro”, dijo, relativizando el riesgo personal. Sin embargo, reconoció que la provincia no está acostumbrada a este tipo de amenazas directas contra autoridades judiciales y políticas.
Mientras el juicio oral se aproxima, el mensaje político es claro: la actual gestión busca exhibir firmeza frente a estructuras que durante años habrían operado con protección. La investigación recién comienza y deberá determinar si el plan era una amenaza en estado embrionario o un atentado que pudo haberse concretado.
