La Cámara Federal revocó hoy la inhibición de bienes del ex presidente Alberto Fernández y de otras 50 personas y empresas investigadas por el escándalo de los seguros. El tribunal además reclamó que el juez Sebastián Casanello resuelva la situación procesal de todos.
El fallo era muy esperado por la mayoría de los empresarios investigados. Desde abril, cuando el juez ordenó la inhibición y los embargos, no podían vender ni disponer de sus bienes. Tampoco tenían accesos a sus cajas de seguridad.
Varias defensas apelaron y esperaban hace semanas una definición. Esa demora agitó los rumores sobre la cercanía de los procesamientos.
Además del ex mandatario, la inhibición afectaba ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, al broker Héctor Martínez Sosa, de su esposa María Cantero, la histórica secretaria del ex presidente, a las empresas Bachellier, San Ignacio, San German, TGG Broker, entre otras. En total, son 51 personas y empresas.
En un fallo dividido, el tribunal sostuvo que las medidas cautelares no se justifican ante la falta de una definición sobre la situación procesal de los imputados.
“Considero que en las condiciones actuales la decisión adoptada carece de la debida fundamentación, atendiendo a la naturaleza y alcances de la medida que se adoptó y el momento en que fue dispuesta”, dijo en su voto el camarista Martín Irurzun.
En tanto, Eduardo Farah destacó que las indagatorias se hicieron hace más de seis meses. “Tampoco han surgido ni se invocan –antes o ahora- circunstancias que indiquen desplazamientos u ocultaciones de bienes u otras cosas vinculadas al objeto del caso», opinó.
En cambio, Roberto Boico votó en disidencia por mantener las inhibiciones.
La causa de los Seguros cambió de juez a comienzos de febrero, cuando se venció la subrogancia de Julián Ercolini, en el juzgado federal 11. Ocurrió en un momento clave de la investigación porque ya se habían terminado las indagatorias y el juez se disponía a decidir si procesaba o sobreseía a todos los imputados.
Desde entonces, Casanello decidió revisar toda la documentación, solicitar nuevas pruebas, y darle su impronta a la causa. Además, profundizó otras líneas de investigación.
Uno de los apuntados fue Daniel “El Gordo” Rodríguez,una de las personas de máxima confianza de Alberto Fernández que administró la quinta de Olivos entre 2019 y 2023. En abril, el magistrado levantó el secreto fiscal de ese ex policía y le pidió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que elabore un amplio informe sobre su patrimonio desde 2015. Eso incluye un listado de bienes inmuebles, vehículos, cajas de seguridad, fiscalizaciones, y cualquier otro dato relevante que figure en las bases de ese organismo.
Otra prueba fundamental para la causa fue un informe elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y presentado a mediados de mayo. Ese documento, de 662 páginas, analizó la facturación de Alberto Fernández mientras estuvo al margen de la función pública. Los expertos de la PROCELAC revelaron que el ex presidente le facturó a Martínez Sosa por supuestos servicios profesionales entre 2010 y 2019.
La última factura está fechada el 6 de diciembre de 2019, cuatro días antes de su asunción. En total, Fernández le facturó a la empresa de su amigo “Hecky” un total de $4.257.000, tomando en cuenta los valores de esa época.
La inhibición de bienes de los imputados ya había sido ordenada en abril de 2024 por Ercolini, el primer juez de la causa, pero en ese momento también fue revocada por la Cámara Federal. En abril de este año, Casanello decidió nuevamente congelar los bienes. Todas las defensas apelaron nuevamente y esperaban hace meses una definición.
